El control difuso de la constitucionalidad como mecanismo de protección del derecho a la vivienda en el arrendamiento frente a la vulnerabilidad estructural

Resumen

La situación de pobreza es un factor de vulnerabilidad estructural que tiene el alcance de comprometer el derecho de acceso a la vivienda de toda persona mediante la figura del arrendamiento. A pesar de que las autoridades que componen el Estado Mexicano tienen la obligación de solucionar los escenarios de vulnerabilidad estructural, por virtud de los mandatos previstos en el artículo 1° Constitucional, que les imponen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como por el llamamiento que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas a los Estados Parte para actuar en presencia de la vulnerabilidad estructural como referente que imposibilita el ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento de tales exigencias se ve obstaculizado por la presencia de diversos retos en las controversias judiciales de arrendamiento. En este artículo se pretende, en primer término, dar visibilidad a los retos que enfrentan los órganos jurisdiccionales para proteger el derecho de acceso a la vivienda del arrendatario que ha incurrido en el retardo de su obligación de pago a causa de dicho factor de vulnerabilidad estructural y, en segundo término, se propone la utilización del Control Difuso de la constitucionalidad como mecanismo viable para superar tales retos, cuya implementación por parte de los operadores jurídicos permita nuevos alcances interpretativos a través de la inclusión de las circunstancias de vulnerabilidad estructural en la solución de la contienda de arrendamiento.